Meses atrás, publicábamos una columna con parecido título (“Prohibido denunciar corrupción”) a raíz de la citación a declarar ante la Fiscalía a una senadora y dos diputados que habían llamado la atención sobre presuntas irregularidades gubernamentales.
Ahora le toca el turno a otros dos parlamentarios opositores, enviados por la bancada oficialista a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados por el pecado de haberse reunido con sus pares del Paraguay, con los que comentaron las violaciones al debido proceso y la judicialización de la política que actualmente se vive en Bolivia.
Lo que parece haber enfurecido al evismo es la declaración aprobada por la Cámara de Diputados del vecino país luego de esa visita, en la cual se insta “a las autoridades políticas y judiciales del Estado Plurinacional de Bolivia a respetar las garantías constitucionales, el debido proceso y los derechos humanos de las ex – autoridades y ciudadanos bolivianos, víctimas de la persecución política, y revisar la situación de los presos políticos que llevan recluidos, sin sentencia y en algunos casos ni siquiera con inicio de proceso judicial, más de tres años en su mayoría, en contravención con las disposiciones legales vigentes en materia penal e internacional”.
La declaración camaral también exige “al Sistema Interamericano de Derechos Humanos revisar y pronunciarse, oportunamente, sobre las denuncias presentadas en contra del Estado Plurinacional de Bolivia por violaciones y supresiones a los derechos humanos”.
Por si quedaba alguna duda sobre la veracidad de las denuncias presentadas por los diputados bolivianos, su actual procesamiento es la confirmación más rotunda del clima persecutorio instalado por el Movimiento Al Socialismo.
Pero la de Paraguay no es la única alerta emitida por la comunidad internacional sobre el grado de deterioro de la justicia boliviana en tiempos de Evo.
El informe anual de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, considera que la“crisis estructural del sistema de administración de justicia” en Bolivia se agravó durante el último año.
También se lamenta que en el proceso de selección de los nuevos magistrados judiciales no se haya incluido “criterios meritocráticos con ponderaciones para un procedimiento de evaluación más completo”.
Entre otros puntos, el informe deplora que aún no exista un marco legal específico que garantice el derecho de consulta de los pueblos indígenas. Mensaje que parece especialmente dirigido al conflicto del TIPNIS…
Oficialismo envía a la Comisión de Ética a los diputados Piérola y Oliva
En una sesión realizada esta tarde, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución presentado por la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), enviando a la Comisión de Ética a los parlamentarios Norma Piérola y Adrián Oliva, de la opositora Convergencia Nacional (CN).
La resolución fue promovida por el oficialismo tras el viaje de los legisladores opositores al Paraguay, durante el cual se reunieron con sus pares del vecino país. La visita culminó con la aprobación de una declaración por la Cámara de Diputados del Paraguay, pidiendo respeto a los derechos humanos en Bolivia y el cese de las persecuciones políticas.
Según voceros del MAS, los diputados de CN habrían “mal informado a la comunidad internacional”.
Papeles en mano, Norma Piérola recordó que en varias ocasiones la bancada oficialista ha impulsado declaraciones sobre asuntos políticos del exterior, en solidaridad con los regímenes autoritarios de Cuba y Siria.
Por su parte, el diputado Adrián Oliva señaló que Piérola y él están siendo “perseguidos por denunciar persecución”.
Fuente: EJU.TV (Bolivia)
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