Las FARC han dado un paso adelante en el imparable proceso de paz emprendido por el gobierno de Juan Manuel Santos liberando a los últimos diez uniformados secuestrados por la guerrilla. El diálogo se abre paso mientras la política de seguridad pública de Santos naufraga en medio del fragor de violentos atentados terroristas y la creciente delincuencia común a la que nadie parece querer poner coto.
Cuando han pasado casi dos años desde que el heredero natural del uribismo, el presidente Juan Manuel Santos, llegara a la máxima jefatura de su país, algo que logró cabalgando a lomos de la popularidad de su antecesor, la gestión política y económica del país deja mucho que desear. Los indicadores no pueden ser más negativos y la inseguridad pública, tanto la procedente de los terroristas como la común, ha vuelto a empeorar notablemente y, según una encuesta reciente, preocupa a más del 70 por ciento de los colombianos. Tan sólo sus ministros, los medios afines al Ejecutivo y su cohorte de aduladores con escaso convencimiento, junto con algunos “comunicadores”, consideran todavía que la gestión de Santos ha sido exitosa a estas alturas de la película.
Fruto de la inacción política que percibe la ciudadanía con meridiana claridad —aunque el diario El Tiempo, fiel al presidente, sigue tratando de negarlo—, hace apenas unas semanas, el sábado 17 de marzo, una columna de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atacó a un destacamento militar en el departamento de Aracua y causó la violenta muerte de once uniformados, un suboficial y diez soldados. Pero lo más decepcionante fue la reacción del presidente Santos, quien señaló directamente a los militares muertos de ser los responsables del atentado por no haber cumplido con los protocolos de seguridad. ¿Inaudito, no?
También hace unas semanas el departamento del Chocó sufrió un paro armado “decretado” por las FARC. El departamento, uno de los más pobres del país pero paradójicamente rico en materias primas, ha sufrido pérdidas por valor de casi cien millones de dólares y ha estado paralizado durante una semana. Nadie hizo nada de nada, nadie movió un dedo. Solamente cuando la noticia se conoció a través de los medios y fue denunciada por las organizaciones locales, el gobierno de Juan Manuel Santos reaccionó y decidió convocar un Consejo de Ministros en la región que llegaba, cuando menos, demasiado tarde.
Como señalaba el diario El Espectador muy acertadamente, “que en silencio el departamento de Chocó haya estado inmovilizado, atemorizado y con hambre una semana, por cuenta de la amenaza de paro armado por parte del frente 57 de las FARC, no dejó muy bien parada al gobierno en materia de orden público”.
Otro asunto son los ataques terroristas a los sectores estratégicos del país, como por ejemplo el minero. La minería es hoy uno de los sectores que más atrae a los inversores extranjeros que vienen a Colombia a hacer negocios, también es uno de sus principales motores económicos. Las FARC también la tienen en su punto de mira, como era fácil de prever.
Ataques contra petroleras
El terror contra esta industria y contra quienes trabajan en ella se ha extendido en estos últimos meses, tal como señala muy atinadamente el analista Mauricio Vargas: “Las cifras asustan. Doce ataques guerrilleros contra la infraestructura petrolera en los dos primeros meses del año, cuando habían sido 31 en todo 2010, antes de comenzar a aumentar en 2011; 43 empleados y contratistas vinculados a la producción de crudo secuestrados en 2011, cinco veces más que en 2010; este año van 11 plagios, un ritmo que, de mantenerse, haría de 2012 el peor año en este rubro en lo que va de siglo”.
Las cifras hablan por sí solas, la inseguridad aumenta y el Ejecutivo de Juan Manuel Santos sigue de vacaciones, y nunca mejor dicho.
Un reportaje reciente del diario El Espectador informaba, en esta dirección que tanto preocupa a los colombianos, que en los 19 meses del presidente Santos al frente del poder en Colombia ha habido más de 200 atentados terroristas, unos dos centenares largos de víctimas, un sinfín de heridos y un coste incalculable en daños materiales. La responsabilidad, obviamente, corresponde casi mayoritariamente a las FARC.
La batalla por la seguridad, que había sido ampliamente reivindicada y desarrollada con éxito por el expresidente Álvaro Uribe, que gobernó entre los años 2002 y 2010, parece ya un desiderátum abandonado por el actual Ejecutivo.
Santos parece más dedicado a los golpes de efecto retóricos, efectistas y mediáticos, como por ejemplo el mensaje dirigido a la nación una vez lograda la liberación de los últimos diez uniformados en poder de la sanguinaria guerrilla de las FARC, pero carentes de contenidos y soluciones prácticas para una ciudadanía cansada de la “cascada” de anuncios (y nombramientos millonarios) inútiles, que al ejercicio de un gobierno responsable y a la altura de las necesidades de un país cada vez más cuestionado.
¿Puede Colombia volver a la lista de Estados fallidos de la que le había sacado Álvaro Uribe? De continuar el actual camino, claro que sí. Sin seguridad no hay nada, ni prosperidad ni bienestar.
Y como fruto de este abandono de la política de seguridad democrática que abanderó Uribe hoy los colombianos se encuentran con que las FARC siguen golpeando con fuerza en casi todo el país, habiendo causado sensibles daños a la fuerza pública en los pasados meses; la banda criminal los “Urabeños” campa a sus anchas en una buena parte del territorio colombiano y en el mes de enero consiguieron paralizar, ¡ni más ni menos!, que a siete departamentos (provincias) colombianos; y que las ciudades de Cali, Medellín, Cúcuta, Pereira y Barranquilla se encuentren en la lista de las 50 más peligrosas del mundo.
Mientras este escenario preocupante se desarrolla, sobre a todo a nivel cotidiano pues las poblaciones más vulnerables siguen siendo las más humildes, el gobierno exhibe un triunfalismo que desconcierta y, desde luego, no tranquiliza a nadie.
Por ejemplo, a estas alturas, aparte de buenas intenciones y varios paquetes legislativos sin traducción práctica en la adversa realidad del país, se sigue echando en falta un verdadero plan de infraestructuras que merezca tal nombre, una reforma del caótico e infuncional sistema (¿?) de salud colombiano y una profundización y mejora en la educación pública, cada vez menos universal y que ahonda la brecha en la sociedad más injusta de América Latina, tal como señala el coeficiente Gini.
Diálogo político
También existe un claro “coqueteo” con los países bolivarianos, pero especialmente con Cuba y Venezuela, algo que preocupa a los amigos tradicionales de Colombia. Según señalan algunas fuentes, podría haber una intencionalidad política en estos acercamientos: buscar a toda costa un diálogo político con las FARC.
Según el periodista venezolano Nelson Bocaranda Sardi, Santos habría tratado en su reciente encuentro en La Habana con los líderes de Cuba y Venezuela, Raúl Castro y Hugo Chávez, respectivamente,el candente tema de las FARC, a pesar de que oficialmente se iba a tratar solo el boicoteo de los Estados Unidos a Cuba en la Cumbre de las Américas, a celebrar en Cartagena de Indias este mes de abril.
Y es que, según Bocaranda, el año pasado el extinto jefe de las FARC, alias Alonso Cano, y su hoy máximo líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, habrían viajado a Cuba en un avión de la empresa estatal venezolana PDVSA, “escapando del cerco del ejército colombiano”, para hablar con Fidel Casto y ponerlo al tanto de “la realidad de la organización guerrillera”. Y agrega: “Las cartas las tiene Juan Manuel Santos. Cuba podría ser el destino final de los jefes guerrilleros para lograr un acuerdo del cese al fuego y de liberación de todos los secuestrados. La fuerza militar colombiana ha sido demostrada en su totalidad y la guerrilla lo sabe.Ya en tres oportunidades han estado cerca de los dos. Ambos lo saben”.
Santos, como buen animal político que es, busca un prestigio internacional a través de un acuerdo con las FARC que nunca le dará su deficiente gestión del país en el día a día, quizá con la vista puesta en dos objetivos de amplio calado, como serían el puesto en la Secretaría General de las Naciones Unidas o el Nobel de la Paz. O ambos al mismo tiempo.
El riesgo de esta apuesta, como ha ocurrido con intentos pasados de diálogo con las FARC, es que puede fracasar en el intento y erosionarse políticamente quizá para siempre, como le ocurrió al conservador Andrés Pastrana en esta apuesta tras el despeje de la región del Caguán para la ‘muchachada’ guerrillera.
Las FARC saben que Santos se juega mucho en este “juego” —el presidente es un consumado jugador de póquer— y nunca negociará si no van a obtener réditos políticos.
Mientras tanto, entre bambalinas, las negociaciones ya se hacen muy evidentes y es casi innegable el carácter de mediadora de la exsenadora y controvertida dirigente liberal Piedad Córdoba, cuya cercanía política con las FARC molesta a más de uno en Bogotá y causa lógicos recelos en las Fuerzas Armadas. De naufragar en este intento, Santos tendrá pocos resultados que ofrecer a una ciudadanía que cada día se muestra más decepcionada ante el actual estado de cosas y que no oculta, por mucho que le pese a algunos, una cierta nostalgia de la larga (y tranquila) era uribista. Veremos qué pasa en los próximos meses.
De momento, ya es una realidad la liberación de los diez últimos uniformados en poder de las FARC. La lista de liberados la componen los policías Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero, Wilson Rojas Medina, Carlos José Duarte y César Augusto Lasso Monsalve, y los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Robinson Salcedo Guarín, Luis Alfredo Moreno Chagüeza, y Luis Arturo Arcía.
Todos ellos han llegado sanos y salvos de noche desde Villavicencio a Bogotá en sendos aviones de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea junto a sus familiares. Estos colombianos han pasado en cautiverio en manos de la guerrilla de las FARC algunos desde el año 1998 y otros desde 1999.
Fuente: Cambio16 (Spain)
