"El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que ha analizado cuidadosamente la solicitud presentada por la señora María del Pilar Hurtado Afanador y las circunstancias de razonable temor por su seguridad personal que la han llevado a abandonar su país", según el comunicado emitido desde la Presidencia de ese país.
"Con el ánimo de contribuir a la estabilidad política y social en la región, en estricto apego a las normas y la doctrina de asilo territorial reconocidas por el derecho internacional e históricamente observadas por la República de Panamá, ha considerado favorablemente su petición, por lo que ha procedido a concederle asilo territorial en la República de Panamá", agrega.
Previamente, una fuente de la Presidencia panameña que pidió no ser identificada, horas después de que se confirmara la solicitud hecha a favor de la ex funcionaria colombiana en la capital panameña, le dijo a la Agencia Efe que su pedido sería aceptado. Anteriormente, la vocera de la Cancillería, Soraya Quintero, señaló que las autoridades analizaban la solicitud hecha por Hurtado, quien está implicada en un escándalo de presunto espionaje ilegal a magistrados y políticos, entre otros.
Quintero indicó que su Gobierno recibió la solicitud en la Ciudad de Panamá, aunque no indicó si la presentó la propia Hurtado o un representante legal suyo, y agregó que correspondía al presidente, Ricardo Martinelli, y al vicepresidente y canciller, Juan Carlos Varela, tomar una decisión al respecto, que resultó favorable para la ex directora del DAS.
María del Pilar Hurtado, quien es abogada, dirigió el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del 23 de agosto de 2007 al 23 de octubre de 2008, cuando renunció. La ex funcionaria es uno de los cuatro ex directores de ese organismo que son investigados por su responsabilidad en un plan de escuchas y seguimientos ilegales a magistrados, políticos de la oposición, periodistas y defensores de los derechos humanos.
La trama se extendió a lo largo de los dos gobiernos del ahora ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), a quien la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un proceso para establecer si tuvo responsabilidad en esos hechos.
Al menos una veintena de funcionarios o ex funcionarios del DAS comparecen ante la Fiscalía General, que los encausó por estos mismos hechos.
Al menos una veintena de funcionarios o ex funcionarios del DAS comparecen ante la Fiscalía General, que los encausó por estos mismos hechos.
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